Sentencian a ex alcalde por caso de agresión a periodista

El 1 de enero pero de 2014, el periodista Edwin Canché se encontraba cubriendo un accidente de tránsito en el que estaba involucrado un sobrino del exalcalde del municipio de Seyé, Emilio Dzul Huchim, cuando fue detenido y trasladado sin orden ni motivo legal a las oficinas del ayuntamiento. 

Ahí fue torturado físicamente y psicológicamente por 5 elementos de la policía municipal, entre ellos el entonces director de la corporación, Jesús Chuc Aldana, bajo las órdenes del dirigente municipal Dzul Huchim.

“Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”, fueron las palabras del presidente municipal mientras se cometían los abusos contra el comunicador.

Ante estos hechos y después de cinco años de batallas y trabas legales, el día de ayer fue notificada la sentencia dictada en contra del exalcalde y los cinco ex policías municipales de Seyé, por las agresiones en contra del periodista Edwin Canché.

Los agresores purgarán penas de prisión de hasta 2 años, multa y trabajo en favor de la comunidad.

Sin embargo, el castigo en contra de los funcionarios públicos nunca hubiera sido posible sin la intervención de de Article 19 y el Equipo Indignación, organizaciones que respaldaron a Canché y lo acompañaron durante todo el proceso legal.

De acuerdo con estos organismos, en un primer momento, derivado de la denuncia presentada por el periodista, se inició la averiguación previa ante la Procuraduría de Yucatán; posteriormente, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), la cual consignó a los policías junto con el entonces alcalde, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, radicándose la causa penal en el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida, Yucatán.

No obstante, tanto los entonces policías municipales como el exalcalde llevaron el proceso penal en libertad después de pagar fianza por tratarse de delitos no graves.

Por lo tanto, Article 19 y el Equipo Indignación solicitaron la reclasificación de los delitos de abuso de autoridad y lesiones, para que fueran procesados por los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad conforme a la gravedad de los hechos cometidos en agravio de Edwin Canché por parte de quienes fungían como servidores públicos.

El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, que llevó el proceso, se negó en diversas etapas a clasificar adecuadamente los hechos.

Ante esta negativa, las organizaciones representantes promovieron un juicio de amparo en la que instancias superiores se negaron a reclasificar los delitos.

En el juicio de amparo que conoció el Tribunal Unitario de Campeche el Magistrado consideró que Edwin no demostraba ser periodista con alguna credencial o contrato de algún medio de comunicación, lo cual implicaba que todo el proceso penal regresara al fuero común en Yucatán, donde la Fiscalía del Estado había mostrado total desdén por las violaciones a derechos humanos del periodista. Por ese motivo se impugnó la resolución, de la cual solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera el asunto para pronunciarse al respecto.

El 1 de marzo de 2017, la Primera Sala de la SCJN emitió una resolución trascendente para la libertad de expresión y periodismo en México, sentando un precedente importante en estas materias, al reconocer la perspectiva amplia y funcional del periodismo, visto como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, sin que deba acreditarse la pertenencia a un medio de comunicación o contar con un título universitario, ya que en la función periodística participan una variedad de personas.

Finalmente el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida, Yucatán, dictó sentencia condenatoria contra el entonces presidente municipal de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, y 5 policías municipales, incluido el director de la corporación, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.

Es importante aclarar que los criminales aún pueden obtener un beneficio para sustituir la pena de prisión por la naturaleza de los delitos ya que los hechos constitutivos de tortura y detención arbitraria no fueron correctamente clasificados por la Feadle lo que conlleva que ahora los servidores públicos de Seyé no enfrenten sanciones proporcionales. (ACOM)

Al Interior TV

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