Videgaray y Meade heredan a AMLO 374 fideicomisos

El 25 de octubre de 2012 se creó un fideicomiso público para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretendían obtener recursos adicionales para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en riesgo ante un contexto de violencia.

El mecanismo contempló la compra de telefonía, la instalación de equipos de vigilancia y seguridad en inmuebles, facilitación de autos blindados, escoltas e impartir cursos de autoprotección.

Los recursos pasaron de 52 millones de pesos disponibles en 2012 a 330 millones de pesos en 2017. Para 2018, la disponibilidad se redujo 68 por ciento, lo que refleja que se gastó gran parte del dinero en ese último año.

La investigación realizada por Fundar, concluyó que la información general y básica de este fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso y destino del dinero; que es mínima, confusa, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento.

Y en cuanto a su efectividad, en los últimos seis años, 44 periodistas han sido asesinados y la organización Artículo 19 tiene registro de 2 mil agresiones a reporteros. Esos números ponen a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

José Antonio Meade Kuribreña y Luis Videgaray Caso, impulsores de los fideicomisos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

El caso mencionado es solo una aguja en el pajar. Actualmente, 374 fideicomisos concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Y la principal sombra que cubre a estas herramientas financieras es la poca transparencia y la “mínima” rendición de cuentas, lo que complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos.

Sin embargo, cada año el Gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido: de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 millones pesos.

Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitente.

Fundar Centro de Análisis e Investigación, luego de ingresar más de 2 mil solicitudes de información, detectó que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano.

La magnitud del problema está en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos (772 mil millones de pesos) no tiene un control de vigilancia.

Incluso los fideicomisos están dentro de las prioridades del nuevo gobierno de México que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en específico dentro de sus 50 lineamientos de austeridad en el que señala que “serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

La única información a la que se puede acceder en fideicomisos son los montos generales de los ingresos y egresos. No hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones, al resto sólo la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen pleno acceso.

“Esto en sí mismo es inaceptable pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente”, señala el estudio de Fundar, “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”.

A nivel federal existen 374 fideicomisos públicos. En teoría, un fideicomiso funciona para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como serían la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores, prevención o atención de desastres naturales o estabilidad financiera.

Sin embargo, los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y poca rendición de cuentas, por lo que sirven como instrumentos para desviar recursos públicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados. Todo, lejos del escrutinio público.

Está también la participación de estancias privadas, que controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y sus operaciones son confidenciales. Santander es el banco que más dinero controla (34 mmdp), le sigue Banorte (18 mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp) y Banamex (3 mmdp).

De acuerdo con la ASF, estas instituciones bancarias tienen el derecho a realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público; ellos tienen sus propios comités técnicos que son los que deciden sobre el uso de los recursos; no hay un plazo específico en el que el dinero deba gastarse y no hay ninguna instancia que supervisa el manejo del dinero y el cumplimiento de los objetivos. (Fuente Sin Embargo). 

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