ASF revela desvío de más de 600 mdp en Sedesol

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el desvío de más de 600 millones de pesos.

Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría.

La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma, contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La Estafa Maestra”.

Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de Sedesol.

Ante la denuncia penal, Animal Político buscó una postura oficial de Robles, pero no dio una respuesta sobre el tema.

En cuanto a Meade, respondió que los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría no fueron suscritos por él, “ni sus vigencias corresponden a su gestión” como secretario Desarrollo Social.

“Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña”, indicó el equipo del ahora precandidato, en una tarjeta informativa

El 30 de enero de 2015, con Robles al frente de la Sedesol, la dependencia suscribió tres convenios con igual número de universidades. Uno por 136 millones 85 mil pesos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); otro con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por 319 millones 121 mil pesos, y el tercero con la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por 156 millones 478 mil pesos.

La vigencia original de dichos convenios fue del 30 de enero al 30 de noviembre de 2015. El objeto social en todos fue similar: supervisar que los recursos federales que se entregan a estados y municipios, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se aplicaran correctamente.

Los convenios, como es el común denominador en el modus operandi de “La Estafa Maestra”, se entregaron sin licitaciones ni competencia alguna, aprovechando una excepción en la Ley de Adquisiciones que permite dar adjudicaciones directas a instituciones públicas, con la condición de que éstas puedan realizar el trabajo.

Los pagos de Sedesol a las universidades se realizaron en tres partes, todos ellos en las mismas fechas. El 6 de abril de 2015, la dependencia entregó 47.6 millones a la UTSEM, 111.6 millones a la UTN y 54.7 millones a la UPT; el 6 de julio se transfirieron  34 millones a la UTSEM, 79.7 millones a la UTN y 39.1 millones a la UPT.

Finalmente el 4 de septiembre de 2015, ya con Meade a la cabeza de la Sedesol, se hicieron las transferencias más grandes por universidad: 54.4 millones a la UTSEM, 127.6 millones a la UTN, y 62.6 millones a la UPT.

Además de estas cantidades, la ASF descubrió que la Sedesol de Meade desembolsó 62 millones 142 mil pesos extra por supuestos servicios realizados de septiembre a noviembre de 2015.

Estas adecuaciones se autorizaron mediante tres oficios, fechados del 30 de diciembre de 2015, así como el 2 y 24 de febrero de 2016.

De acuerdo con cuatro auditorías forenses practicadas por la ASF a la cuenta pública 2015, presentadas en la denuncia de la PGR junto con un dictamen técnico, la Sedesol transfirió recursos públicos a tres universidades mexiquenses por servicios que se pagaron, pero que no hay evidencia de haberse realizado.

La ASF detectó que las universidades contrataron a cinco compañías para brindar los servicios, quienes a su vez subcontrataron a otras 15, sin justificación alguna.

Ninguna de estas empresas tenía la capacidad humana ni material para realizar los servicios. Es decir, se presume que son empresas irregulares o fantasma, de acuerdo con la investigación de la ASF. Se trata del mismo modus operandi descrito en “La Estafa Maestra”.

Animal Político comprobó que al menos cuatro de las compañías a las que se les entregaron los recursos están relacionadas entre sí, por socios y representantes legales.

Además están vinculadas con la red de compañías reveladas en el reportaje de “La Estafa Maestra”, y que fueron usadas por Sedesol (y otras dependencias federales) en 2013 y 2014, para desviar recursos.

Para tratar de “comprobar” que el dinero se gastó correctamente, las autoridades universitarias entregaron expedientes como pruebas de dichos servicios. Lo que descubrió la ASF es que en dichos expedientes había fotografías repetidas, o correspondientes a otros lugares y años, firmas copiadas y posiblemente falsificadas, entre otras irregularidades.

La ASF denunció que estos desvíos no solo propiciaron la desaparición de recursos públicos, sino que afectaron a la sociedad en general, pues se desvió dinero que debería destinarse a programas de desarrollo social, que contribuyen a abatir problemas graves como la pobreza y la desigualdad.

“Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría, demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse”, concluyó la ASF.

Los resultados de estas auditorías fueron publicadas en su momento por diferentes medios de comunicación, sin embargo, la denuncia ante PGR apenas fue interpuesta por la ASF a finales de 2017, pues debe transcurrir un plazo para que las dependencias traten de justificar las irregularidades, que en este caso no ocurrió.

Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades. Las tres anteriores fueron por un monto de 540 millones en conjunto, y hasta el momento no hay avances en las indagatorias. (Animal Político). 

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