Senadores del PAN lanzan advertencia a la Corte

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) alertaron que la lucha contra la corrupción podría sufrir un severo revés ante la inminencia de que los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutan, la próxima semana, la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
 
Esta disposición legal faculta al Servicio Servicio de Administración Tributaria (SAT) a publicar las listas de las denominadas empresas fantasma, mediante las cuales se respaldan operaciones inexistentes o simuladas para evadir impuestos, desviar recursos públicos, lavar dinero y financiar campañas electorales, advirtieron.
 
 
En el caso que resolverán los ministros de la Primera Sala, presumiblemente el próximo 7 de febrero, existe el riesgo de que se declare inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente desde el primero de enero de 2014, indicaron, “y de ser así, se anularían todas las listas de empresas fantasma publicadas desde entonces”.
 
 
De igual forma, añadieron, “toda la estructura implementada por el SAT para combatirlas quedaría desarticulada y las autoridades fiscales tendrían que empezar de cero, además de que se requerirá de la aprobación de nuevas reformas en el Congreso de la Unión”.
 
 
Los senadores integrantes del Grupo Anticorrupción (GAC) de la bancada panista, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, adelantaron que presentarán un punto de acuerdo para solicitar a la SCJN aplace la discusión hasta después de las elecciones.
 
 
Manifestaron que las empresas fantasma son uno de los símbolos de la corrupción y vergüenza de este país, además de ser el mecanismo ideal para el financiamiento ilícito de campañas políticas en tiempos electorales.
 
 
La confirmación de la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal Federal es indispensable para preservar el Estado de derecho, consideraron, pero “si la Corte declara lo contrario, retrocederemos en lo poco o mucho que se ha avanzado en la lucha contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción”.
 
 
Otro riesgo que conllevaría una eventual declaratoria de inconstitucionalidad sobre esta disposición legal, agregaron, es nulificar las acusaciones que se siguen en contra de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Chihuahua, César Duarte, quienes utilizaron empresas fantasma para desvíos de cuantiosos recursos públicos.
 
 
En casos como la “Estafa maestra”, tampoco procederían las denuncias penales sobre este desfalco millonario a las arcas públicas, evidenciado por los medios de comunicación, sostuvieron.
 
 
Por este motivo, los senadores del GAC demandaron a la SCJN poner de su parte en el combate a la corrupción y “evite ser presionada por los poderosos políticos y empresarios propietarios de empresas fantasma”.
 
 
Los senadores blanquiazules expresaron que estarán muy atentos si los ministros de la Primera Sala deciden abordar el tema agendado para su desahogo el próximo 7 de febrero, a fin de evitar que reine la impunidad en la creación de empresas fantasma en el país.

Al Interior TV

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