PROFEPA vigilará depósitos irregulares de escombros

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que mantiene vigilancia sobre zonas federales en los municipios afectados por los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre, que incluyen el depósito indebido de escombros.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que las acciones incluyen la atención a las denuncias ciudadanas sobre impactos ambientales ocasionados por la disposición inadecuada de residuos de las demoliciones de construcciones afectadas.

Las acciones incluyen el trabajo coordinado con autoridades estatales para informar a los municipios sobre sus obligaciones y las consecuencias de no dar cumplimiento a las mismas, indicó.

Explicó que la comisión de infracciones ha derivado en la clausura de sitios de disposición de estos residuos, así como a la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios.

Expuso que esa situación prevaleció recientemente en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en donde los residuos estuvieron acumulándose en la ribera del Río Los Perros.

Advirtió que el incumplimiento de las disposiciones federales puede resultar en multas de varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad de los incumplimientos detectados por los inspectores de la Profepa.

Esto con independencia de las sanciones que las autoridades estatales puedan imponer, aclaró.

Los residuos de las demoliciones son considerados responsabilidad de las entidades federativas por la Ley General para la Prevencion y Gestión Integral de los Residuos, quienes autorizan los sitios en los que por edén disponerse dichos residuos y vigilan el cumplimiento de las disposiciones para su operación y cierre.

Cuando estos sean dispuestos en zonas federales como áreas naturales protegidas, zonas forestales, riberas de ríos, derechos de vía o en la zona costera, la federación, a través de la Profepa, aplicará la legislación federal vigente en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal.

Inspectores de la Profepa realizan recorridos cotidianos y realizan una vigilancia conforme a las facultades y atribuciones que le confiere la ley.

Finalmente, destacó que las violaciones a la normatividad ambiental pueden implicar una sanción económica de hasta 3.7 millones de pesos por cada infracción cometida.

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