El poder y el negocio de la silla...

 

Por: Yoisi Moguel

 

 

Intentar ocupar una silla en el congreso local o federal, así como en algún ayuntamiento y la del Ejecutivo Estatal o la presidencia de la República, es un negocio cada vez más competitivo y lucrativo, porque en cada proceso electoral crece el número de interesados en ganar un espacio, que les permita obtener cuantiosos recursos, con su sueldo y con otras prerrogativas que salen del erario.   

 

Así, cada tres años los estados viven una reactivación económica temporal, que se da con el inicio de las campañas electorales, etapa de tres meses en que los aspirantes y partidos políticos abren sus carteras para tratar de llegar a su objetivo principal, ganar el cargo al costo que sea.

 

Para ello, reparten diversos artículos, contratan personal para diversas tareas, empresas de banquetes, sonido, imagen, marketing, publicidad de varios tipos, transporte, entre otras, las cuales resultan impactadas positivamente por el momento del derroche de recursos.

 

Este periodo, calendarizado cada tres y seis años, representa un negocio redituable para los partidos políticos, porque venden las candidaturas a quien más dinero ofrece, además obtienen financiamientos privados que utilizan para los gastos de sus candidatos, los cuales muchas veces no son reportados o cuantificados por la autoridad electoral.

 

Los financiadores, en su mayoría empresarios, le apuestan a varios partidos y candidatos a la vez, porque saben que las ganancias serán superiores al dinero invertido, cuando ganen licitaciones, les asignen obras, les compren algún producto o servicio por algunos de los tres niveles de gobierno.

 

En México llegar a un cargo público es todo un negocio, donde las inversiones dependen del puesto que se busque, desde una alcaldía hasta una diputación local o federal, una senaduría, una dirección o una secretaría en la administración estatal o municipal,

 

La curul del poder legislativo “es un espacio”, al que muchos aspiran, más que por el elevado sueldo asignado a los diputados, por las utilidades que perciben con los negocios que pueden hacer y que rebasan la cifra registrada en la nómina.

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En el caso de los alcaldes y gobernadores, su sueldo es mínimo ante las ganancias que obtienen por todas las obras o compras que realizan como parte de las acciones que llevan a cabo en el municipio o estado, eso sin entrar a más detalles.

 

Basta recordar el caso del alcalde de Xocchel, Juan Céspedes, tal vez curioso, que reflejó la realidad de que todos hablan, pero sólo conocen los gobernantes y sus socios.

 

En la legislatura 2004-2007, periodo de Juan Céspedes, fue citado al Congreso local para aclarar las acusaciones en su contra, por cobrar “diezmo” a los constructores, que contrataba el ayuntamiento de Xocchel para las obras a realizar.

Para sorpresa de los diputados y algunos medios de comunicación, Juan Céspedes reconoció: “Efectivamente cobro diezmo, pero no soy el único porque que todos los alcaldes lo hacen para tener dinero y cumplir con las promesas a sus simpatizantes, y que a través del presupuesto público difícilmente cubren”.

 

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